Protestas Violentas: Un Desafío para la Democracia y el Orden Público

Nuestro editorial del 19 de marzo del 2025

La democracia garantiza el derecho a la protesta, la libertad de movimiento y la expresión de diferencias. La Constitución y la ley respaldan estos principios, pero también establecen deberes fundamentales: no afectar a terceros, rechazar la violencia y evitar bloqueos de calles, avenidas y autopistas.

En los últimos veinte años, el cierre de vías mediante barricadas y actos violentos se ha convertido en un método recurrente de expresión para sindicatos y organizaciones que se autodenominan sociales. Sin embargo, cuando estas acciones impiden la libre circulación, afectan la economía y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, dejan de ser manifestaciones pacíficas para convertirse en una amenaza al orden público.

Ante esta realidad, es legítimo y necesario que las autoridades actúen con firmeza, amparadas en la Constitución y la ley, para restablecer la convivencia y garantizar el respeto a los derechos de todos.