Nuestro editorial del 22 de abril del 2025

Los excesos en el ejercicio del poder exponen la cara más oscura de las instituciones. A la ya preocupante manipulación de la justicia se suma el reciente incremento salarial de $4,000 mensuales para los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, una decisión desconectada de la realidad nacional. Como si fuera poco, se ha revelado que la presidenta de la Corte, María Eugenia López, autorizó el pago de $70,620 por el alquiler de un auto blindado, sin pruebas que sustenten una amenaza real a su seguridad. Todo esto ocurre mientras el país cuenta con fuerzas públicas especializadas como la Policía Nacional y otros cuerpos de protección del Estado.

Este tipo de decisiones reflejan cómo operan las castas enquistadas en el poder: abusando de su posición, malgastando los recursos del Estado y despreciando el esfuerzo de una clase media y un pueblo que pagan sus impuestos con sacrificio. El despilfarro institucional es inaceptable y debe terminar.